En esta nueva edición sobre la Guía Metodológica de Distritos Térmicos, expondremos las generalidades del marco normativo nacional sobre la generación de energía, los distritos térmicos y los beneficios tributarios asociados a su implementación, entendiendo este factor como clave para los cierres técnicos y financieros de este tipo de proyectos.

Desde hace más de 15 años Colombia ha transitado un largo camino en busca de la eficiencia energética. Este proceso se ve reflejado en la evolución de la Ley 697 de 2001, que establece el uso racional y eficiente de la energía como una de las principales metas de interés social. Esta ley busca, además de sentar un precedente jurídico, generar un impacto positivo en la visión de desarrollo de la sociedad colombiana, mediante la promoción del uso racional y eficiente de la energía con características de sostenibilidad.

Debido a esto, desde el establecimiento de esta ley, el Estado colombiano ha pretendido incentivar y reglamentar el uso más eficiente de la energía. Este esfuerzo se ha materializado en una estructura normativa aplicable a proyectos que impliquen el uso de energía.

Es importante resaltar algunas de las normativas con mayor impacto en el uso de la energía, que promueven el desarrollo sostenible en Colombia y son antecedentes de esta nueva visión urbana.

El Programa de uso racional y eficiente de energía (PROURE), que nació con la Ley 697 de 2001, se ha convertido en una hoja de ruta para el país. Esta herramienta ha permitido la configuración de procesos sostenibles dentro de los proyectos y también ha establecido a los distritos térmicos como una medida de eficiencia energética.

Este programa funciona por medio del plan de acción indicativo (PAI), puesto que esta es la herramienta del Estado para promocionar e incentivar el desarrollo de proyectos eficientes. Adicionalmente, este plan también le permite al Gobierno estructurar la forma cómo se va a realizar la distribución de tareas entre las entidades públicas y las diferentes formas de financiamiento de los proyectos.

Normativa referente a la autogeneración y cogeneración

En Colombia, toda actividad relacionada con la generación de energía eléctrica y su distribución tiene que estar regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG. A raíz de esto, los distritos térmicos que tienen componentes de generación eléctrica deben cumplir con ciertas normativas específicas.

Autogeneración

Según la Ley 1715 de 2014, la autogeneración se define como la actividad de generación de energía eléctrica para su propio consumo por parte de personas naturales o jurídicas. Por su parte, la Resolución CREG 030 de 2018 define la autogeneración como aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica, principalmente, para atender sus propias necesidades.

  • La energía puede ser producida por personas naturales o jurídicas.
  • La producción de energía es principalmente para la atención de las propias necesidades.
  • La energía, por tanto, se consume en el mismo inmueble en el que se genera.
  • Su objeto es el autoconsumo de la energía y no su comercialización a terceros.
  • No hace uso de la red de distribución o transporte para destinar la energía a otros usuarios finales.
  • Se permite la comercialización de los excedentes de energía según la Resolución CREG 030 de 2018.

Esta regulación involucra a los distritos térmicos, en la medida en que, para su funcionamiento, necesitan de una planta generadora de energía ubicada dentro de la central.

Cogeneración

Según la Resolución CREG 005 de 2010, la cogeneración es el proceso de producción combinada de energía eléctrica y térmica. En este caso, el proceso de generación puede responder al autoconsumo o a la comercialización de la energía, mediante procesos comerciales o industriales. Del mismo modo, como en el caso de la autogeneración, los excedentes en la generación de energía, según el artículo 10 de la Resolución CREG 005, pueden ser comercializados.

Normatividad sobre redes de distribución

En la actualidad, debido a la reciente llegada de los distritos térmicos a Colombia, el país no dispone de una normativa específica respecto a la construcción de dichas redes en los entornos urbanos, que consisten en obras en espacios privados y públicos, por lo que son necesarios los correspondientes permisos. La normativa que rige la construcción de un distrito térmico es la misma que aplica para cualquier otro proyecto de construcción, por lo que se debe justificar a partir de la revisión de los POT municipales, las normas referentes a los planes viales, zonas viales de uso público, usos urbanos, expedición de licencias y permisos de urbanización y construcción, y normas de sismorresistencia, entre otras.

Reglamento técnico de sistemas e instalaciones térmicas

El Ministerio de Minas y Energía, dando respuesta a su rol como regulador y atendiendo al mandato de ley, así como a lo establecido en su agenda regulatoria, viene desarrollando la formulación de una propuesta de reglamento técnico de sistemas e instalaciones térmicas (RETSIT).

Se considerarán como aspectos básicos y relevantes para la regulación, principalmente, la seguridad, el desempeño energético, la protección del medio ambiente y el aseguramiento de los requerimientos de los servicios del sistema o instalación. En el mismo sentido se observarán las fases de diseño, construcción, operación, mantenimiento, uso, inspección y disposición final, así como la vigilancia y control de los sistemas e instalaciones térmicas destinados a servicios como ventilación y acondicionamiento de aire, agua caliente sanitaria, para usos humanos, refrigeración y producción de vapor para procesos comerciales e industriales.

La reglamentación tendrá influencia sobre los sistemas, las instalaciones térmicas y los productos asociados, así como en la labor de profesionales y técnicos en la prestación de servicios térmicos.

Beneficios tributarios

Además de la normativa que Colombia ha desarrollado para promover el uso más eficiente de la energía, también se han creado una serie de beneficios tributarios que busca incentivar la priorización de la eficiencia energética dentro de la planificación de los proyectos de desarrollo urbano.

Un beneficio clave es la eliminación del IVA para la compra o importación de cualquier tipo de maquinaria y equipo que vaya dirigido a la realización de proyectos en los que se promueva el uso eficiente de la energía.

Estas iniciativas están sustentadas en el artículo 428, literal f, del Estatuto Tributario, así como en el Decreto 1625 de 2016 y el Decreto 1564 de 2017, expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la Resolución 200 de 2017 y el Decreto 1303 de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las Resoluciones 585 de 2017 y 463 de 2018, de la Unidad de Planeación Minero-Energética.

Así mismo, “los servicios públicos de energía, la energía y los servicios públicos de energía a base de gas u otros insumos” se encuentran dentro de los servicios excluidos del IVA. Este beneficio está incluido en el artículo 10 de la Ley 1943 de Financiamiento, aprobada en 2018 por el Congreso de la República.

De acuerdo con la Ley 1715 de 2015, reglamentada por el Decreto 2143 de 2015, los inversionistas públicos, privados o mixtos que monten un distrito térmico cuentan con los siguientes beneficios:

  • En renta, deducción hasta del 50% del valor de las inversiones, sin que el valor anual para deducir sea superior al 50% de la renta líquida.
  • Exclusión del impuesto al valor agregado (IVA) a la compraventa o importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades en el Registro Nacional de Reducción de Gases de Efecto Invernadero.

Para conocer más sobre los distritos térmicos: sus ventajas, cómo se puede fortalecer su implementación en el país y buenas prácticas, lo invitamos a consultar la Guía Metodológica acá: https://www.distritoenergetico.com/wp-content/uploads/2020/11/Gui%C3%ACa-metodolo%C3%ACgica-VF_2020.pdf